Justicia Equilibrada

Las fallas en la administración de justicia es un asunto que involucra diversos factores y merece la atención de las instituciones estatales, asociaciones civiles e independientes para establecer una estrategia nacional destinada a contrarrestar este problema que afecta a toda la sociedad panameña. El tiempo de acusar a determinada institución de la ola de criminalidad, el hacinamiento carcelario o lentitud en los procesos legales debe superarse a través de planes e ideas que ofrezcan mayor seguridad.
Los panameños están cansados de escuchar las falsas promesas de la clase política y demás sectores que detentan el poder público. Se necesitan ver ejecutorias concretas para la creación fuentes de trabajos, que eleven la calidad de educación, y permitan un desarrollo equitativo para beneficio de todos.
Se sabe que el éxito de las naciones desarrolladas para reducir las estadísticas criminales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes tiene una relación directa con la organización de sus estados. Esas naciones incluyeron en sus planes políticas públicas que han permitido que los jóvenes reciban una educación de calidad, fuentes de empleos con mayor remuneración económica, condiciones para la inversión local y extranjera, sistemas de seguridad para la prevención y persecución de las organizaciones delictivas, y estructuras legales que han fortalecido el Estado de derecho.
Es muy lamentable que las autoridades panameñas no tengan esa visión. Si anhelamos, verdaderamente, que esta pequeña nación despegue hacia el primer mundo, hay que empujar la rueda del progreso. Es por ello, que la administración de justicia es sumamente importante para alcanzar esa meta.
Si existe morosidad dentro de las organizaciones judiciales, destinemos los esfuerzos para reducir ese problema. La actual coyuntura de la discusión de las reformas al Código Penal y Procesal Penal es una excelente oportunidad para fijar las bases y romper esas cadenas que todavía nos atan a un sistema deficiente.
Tampoco seremos ilusos de pensar que reformar el Código Penal y Procesal Penal será la varita mágica que resolverá los diversos asuntos pendientes dentro de la administración de justicia. Creo que lo conveniente sería calificarlo de “paso importante” en el sendero destinado a crear un sistema que ofrezca mayores garantías procesales y legales a sus ciudadanos. Sin embargo, el éxito o el fracaso de fijar una estructura equilibrada en el sistema de justicia panameño, dependerá en gran medida de la voluntad de los asociados y de los círculos de poder.
Lo anterior lo decimos por la triste y lamentable situación presentada por uno de los órganos de poder. Por un lado, presenta una propuesta para coartar la libertad de prensa, mientras, en un doble discurso, dispone la idea de reducir las penas por los delitos de corrupción y otras malas prácticas en la administración pública.
Si las personas que están detrás de esas malas sugerencias supieran el daño que hacen a Panamá, me atrevería a mencionar que se abstendrían en hacerlas. Basta recordarles que las cosas que se hacen en este pequeño país trascienden fronteras a través de los medios masivos de comunicación y las escuchan y leen en las naciones amigas, signatarias de convenios internacionales en materia de corrupción.
Hay que desprenderse de las ataduras del pasado y mirar con luces largas las nuevas oportunidades que tenemos de vivir bajo un régimen de derecho. En otras palabras, todos debemos de trabajar para crear un sistema de justicia sólido, independiente y democrático. De lograrlo, sus beneficios serán inmediatos, porque generará un clima de confianza en sus instituciones y el público sabrá que sus derechos serán respetados. Quienes tendrán que preocuparse son aquellas personas que insistan en infringir la ley, pues su estatus social, económico o político, no podrá impedir que los alcance el brazo de la justicia.
Panamá camina hacia el desarrollo, pero merece estructuras fortalecidas por el consenso, el debate y el análisis profundo para evitar los errores del pasado y del presente. Si consolidamos esas ideas, sin dudarlo, sembraremos las semillas que germinarán en una justicia equitativa.

Colaboración

Rafael Antonio Ruiz

Periodista