Gobiernos apaga fuego y sin solvencia moral

La violencia que afecta a la sociedad panameña tiene diversas vertientes, pero ciertos sectores sociales prefieren responsabilizar a los menores de edad como los principales autores de este problema. Y, claro está, la mejor manera de erradicar o mermar este asunto es aumentar las penas para calmar la preocupación de la sociedad que vive aterrada por la violencia juvenil.
Esta actitud demuestra que las autoridades que dirigen la nave del Estado panameño tienen un serio problema de improvisación cada vez que alcanzan el poder público. Es decir, parecen gobiernos “de apaga fuego”. Siempre que se produce una situación de impacto social hablan de reformar leyes, mejorar sistemas y otras palabrerías, propias de la clase política.
Echemos un vistazo al pasado y veremos si la razón nos asiste o no. En la administración de Guillermo Endara hubo un serio problema con el transporte, se reformó la ley y el problema persiste en el presente. Durante el gobierno de Pérez Balladares se derribó la Cárcel Modelo, por la paliza que recibieron los internos, y a cambio se instauró la Ley 55. ¿En algo ha mejorado el problema del sistema carcelario? No creo. A lo mejor el hacinamiento carcelario y la moral judicial es una percepción que se vive en otro país, en otro mundo. No tiene que ver con Panamá.
En la gestión de Mireya Moscoso se libró una frontal lucha contra la corrupción y la administración de justicia prefirió engavetar el caso de CEMIS. Esto es sólo una pincelada sobre los acontecimientos del pasado. Ahora veamos dos hechos recientes: la contaminación de los medicamentos y el incendio del autobús.
Con el escándalo de la contaminación de los medicamentos de la Caja de Seguro Social hubo una corredera que motivó el cierre indefinido del laboratorio de producción. Sin embargo, las investigaciones permiten conocer que se hicieron serias advertencias sobre las pésimas condiciones del citado local y nunca se hizo nada para mejorarlo. El caso sigue en manos de las autoridades judiciales. La población confía que se aclarará esta tragedia nacional.
El incendio del autobús que cobró la vida de 18 personas, puso de nuevo en corredera a las autoridades. Vimos un amplio despliegue de unidades de tránsito y de la Policía Nacional inspeccionado los autobuses del interior y la capital para que los conductores cumplieran con las normas que rigen este servicio. Logramos ver agentes del tránsito hasta en horas de la noche. Muchos aplaudieron los operativos de tránsito, pero eso ocurrió al calor de una tragedia. ¿Dónde están esos súper operativos en el presente?
La tragedia más reciente y fresca en nuestras memorias: el incendio en Curundú. ¿Qué podemos decir de este problema? Bueno…hay mucha tela que cortar que nos tomaría, por los menos, tres o cuatro artículos más. Pero intentaré hacer mención de los aspectos que se debaten en la opinión pública al descubrirse que detrás del siniestro hubo la participación de menores y adultos pertenecientes a grupos pandilleros.
Algunos sectores han propuesto el aumento de penas a los menores de edad, pues, según ellos, será la alternativa correcta para reducir la actividad delictiva de los jóvenes pandilleros. Es difícil compartir ese criterio, porque los estudios e investigaciones efectuadas en otras latitudes demuestran que el castigo no es lo único que debe aplicarse para combatir a las pandillas juveniles y la delincuencia en su conjunto.
Es aquí donde señalo que los gobiernos fallan en sus políticas para contrarrestar este flagelo social que afecta a los panameños. Improvisan demasiado al momento de administrar el Estado. Están carentes de estrategias para establecer políticas públicas que resuelvan los problemas del presente y aquellos que puedan darse en el futuro. De esto no se salvan los gobiernos que los últimos 40 años han detentado la administración pública.
Por ejemplo, durante el régimen militar vivimos un derroche de dinero que hizo rica a mucha gente, pero que jamás llegó a las clases humildes. Observamos que el “juega vivo” y el latrocinio en la gestión pública era el pan nuestro de cada día. No había respeto por la Constitución y las leyes. Si eras militar o amigos de ellos, y lograbas robar al Estado, no te pasaba nada.
Esos antivalores que cimentaron los militares se han expandido como un cáncer a las presentes generaciones. Nuestros gobernantes eran desechables y ninguno llegó a la administración pública para servir, sino para servirse. ¿Qué demuestra lo que digo? Es sencillo, nadie de los gobernantes de turno se preocupó por fortalecer a la familia como núcleo central de la sociedad.
En la década de los ‘70 y ’80, la Iglesia Católica hacía serios llamados para unificar a la familia. Nadie hizo caso, pues los gobernantes tenían como prioridad llenar sus bolsillos de dinero a costa del sacrificio de la mayoría de los panameños. En aquél entonces el resquebrajamiento del seno familiar había sido trastocado por el “juega vivo y la política del sálvese quien pueda”.
Aquí la clase política y los militares se confabularon para instaurar antivalores. Lo triste de todo es que mucho de los que participaron de ese oscuro pasado permanecen como figura sobresalientes del presente. ¿Ironía del destino? No lo sé. Lo cierto es que la situación se agravó en los últimos años del régimen castrense y con la invasión de Estados Unidos.
Cuando entramos en la década del ‘90, vimos expertos en descongelar cuentas bancarias, dirigentes sindicales y políticos transformados en nuevos ricos con la venta de instituciones públicas, indultos a connotados violadores de derechos humanos, legisladores enseñando dólares producto de actos de corrupción, personas que escondieron fuertes sumas de dineros en los congeladores, magistrados elegidos bajo dudosas circunstancias y cualquier otra cantidad de sinvergüencerías en perjuicio de la población panameña…¿ Pero que hicieron los gobernantes de turno para contrarrestar ese problema? Nada. No hicieron nada en absoluto, pero en aquellos años se habló de aumentar las penas para los menores delincuentes y asesinos.
Seamos serios y responsables sobre este asunto. Si los adultos, en este caso especial, las autoridades gubernamentales son las que participan en los actos de corrupción…¿Qué moral tienen para hablar de aumentar las penas a los menores? Pienso que están desautorizados para abordar este delicado tema, ya que recientemente en la reformas al Código Penal se pidió reducir las penas por los delitos por corrupción; en cambio se endurecieron las medidas para los periodistas que se atrevan investigar las “bellezas” de los que detentan el poder público.
Si realmente se desea combatir la delincuencia juvenil y adulta a través de la vía del aumento de las penas carcelarias, creo que no será suficiente. Este problema se combate desde una vertiente diferente. Es decir, con generación de empleos, construyendo nuevas escuelas, modernizando el sistema educativo, promoviendo valores altruistas, invirtiendo en el deporte, en la cultura y en el fortalecimiento de la familia.
Un joven que vive en un hogar desintegrado terminará como delincuente en una cárcel o en el cementerio. No hay que ser un genio para concluir que la mayoría de los menores y adultos delincuentes provienen de hogares destruidos por la violencia intrafamiliar.
La mejor manera de contrarrestar este problema es la prevención. Si construimos familias unidas, de seguro tendremos hijos responsables y educados. De alcanzar esa meta, el Estado panameño se ahorrará millones de dólares en la construcción de cárceles y en programas de rehabilitación de delincuentes.
Empero, en esa travesía hacia el fortalecimiento de la familia y los valores sociales, habrá la necesidad de contar con el apoyo de las agrupaciones cívicas, religiosas, independientes y de todo aquel ciudadano que desee aportar su grano de arena para dejar atrás la violencia.
Recordemos que la experiencia de las naciones desarrolladas ha demostrado que la unidad es el camino apropiado para cimentar las estructuras que coadyuven en la creación de una nación próspera, democrática y donde se respete los derechos de todos los ciudadanos.

Colaboración/Rafael Ruiz

Periodista